España es, junto a Italia, el país que más programas de regularización ha realizado en Europa. Las razones son tan numerosas como fáciles de comprender: la transición de un país de emigrantes a un país de tránsito y destino; la gran demanda de mano de obra poco cualificada; las enormes bolsas de economía informal; la situación geográfica como ruta de paso; la vinculación con América Latina y el norte de África; la marginalidad de las oportunidades de migración legal; y la ineficacia de las políticas de control y retorno.

Las regularizaciones se han llevado a cabo por gobiernos de distinto color político: cuatro por parte de gobiernos socialistas (1986, 1991, 1992 y 2005) y cinco por parte de gobiernos del Partido Popular (1996, 2000 y tres programas en 2001).

Este mecanismo de regularización extraordinaria ha sido utilizado por un importante número de países a lo largo de las últimas décadas: solo en la UE, entre 1996 y 2008 se llevaron a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros. Las regularizaciones más recientes fueron las realizadas por Portugal e Italia en plena pandemia, una respuesta apoyada por el Relator Especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes.

Además, esta propuesta está estrechamente alineada con acuerdos e iniciativas internacionales a los que España se ha comprometido de manera solemne. Estos incluyen la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Objetivo 10), el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el vigente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, firmado en 2008.

La propuesta para la reforma del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo –propuesto por la Comisión Europea el 23 de septiembre de 2020– no establece ninguna prohibición o limitación a los procesos de regularización, siempre que se sigan haciendo caso por caso, como propone esta iniciativa. Sobre esto se pronunció la Comisaria de Interior de la Unión Europea, reafirmando la competencia y conveniencia de que los países impulsen procesos de regularización tomando en cuenta las circunstancias de la pandemia.

En caso de aprobarse la Regularización Extraordinaria en el Congreso, las condiciones que finalmente se aprueben dependerán del debate del Congreso y del propio Gobierno, que será quién finalmente redacte el Real Decreto que habilitará la Regularización Extraordinaria. Por ello, el diálogo con las fuerzas políticas y con el gobierno va a ser un elemento fundamental de este proyecto.

Existe, en cualquier caso, una tradición en las condiciones impuestas para las regularizaciones extraordinarias que ha sido seguida por gobiernos de diferente color político en España. Como ejemplo, en la última Regularización Extraordinaria, establecida en la disposición transitoria del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, se establecieron las siguientes condiciones:

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, los empresarios o empleadores que pretendan contratar a un extranjero podrán solicitar que se le otorgue una autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

• Que el trabajador figure empadronado en un municipio español, al menos, con seis meses de anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y se encuentre en España en el momento de realizar la solicitud.
• Que el empresario o empleador haya firmado con el trabajador un contrato de trabajo cuyos efectos estarán condicionados a la entrada en vigor de la autorización de residencia y trabajo solicitada.
• En el contrato de trabajo, el empresario se comprometerá, con independencia de la modalidad contractual y el tipo de contrato utilizado, al mantenimiento de la prestación laboral por un período mínimo de seis meses, salvo en el sector agrario, en el que el período mínimo será de tres meses.
• En los sectores de la construcción y la hostelería, el cumplimiento del compromiso de mantenimiento de la prestación laboral de seis meses podrá llevarse a cabo dentro de un período máximo de doce meses.
• Cuando los contratos de trabajo sean a tiempo parcial, el período de prestación laboral se incrementará proporcionalmente a la reducción sobre la jornada ordinaria pactada en dicho contrato, en los términos que establezca el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
• Que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para el otorgamiento de una autorización para trabajar, con excepción de lo dispuesto en sus párrafos a), b) y g).

En resumen, las condiciones típicas aprobadas tradicionalmente para la regularización son «Si has llegado a España con anterioridad a 6 meses antes de la aprobación de la ley y presentas un contrato de trabajo de al menos 6 meses, obtienes un permiso de residencia y trabajo de un año».

Desde la Comisión Promotora vemos estas condiciones como insuficientes y, por ello, trabajaremos con los diferentes grupos parlamentarios para que la regularización que finalmente se aprueba en esta ocasión sea más amplia y garante de derechos.

Lamentablemente, el procedimiento de regularización extraordinaria solo beneficiará a las personas que residan en España en el momento de la regularización y que cumplan con las condiciones establecidas en dicha regularización, ya que no nos ha sido posible proponer una modificación sustancial de la Ley Orgánica de Extranjería.
Por lo tanto, las personas que vengan a España después de la regularización extraordinaria se enfrentarán con todos los obstáculos impuestos por la Ley Orgánica de Extranjería. Teniendo únicamente a su disposición para regularizar su situación las opciones tradicionales: estatus de refugiado/a, arraigo laboral (demostrando residencia de dos años y trabajo regular de al menos seis meses), o arraigo social (demostrando residencia continuada durante al menos tres años).

Esto demuestra que incluso aunque consigamos el proyecto de la regularización extraordinaria, que podría beneficiar a medio millón de personas, aún nos quedará mucho trabajo por delante.